Los riesgos de «legislar en caliente»

Escrito el: junio 19th, 2014 por:

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Cada vez que en nuestro país ocurren hechos de cierto calado, que provocan conmoción social o impacto en la opinión pública, nuestros legisladores se lanzan a atajar dicha situación promulgando «leyes en caliente«, quizá con el objetivo de conformar a la opinión pública o de ganar o no perder votos en las próximas elecciones. Ello provoca que no promulguen leyes sino parches legislativos que no ofrecen soluciones reales o que aprueben leyes que no cuenten con el oportuno desarrollo normativo originando un vacío legal o situaciones de indefensión que pueden ocasionar la vulneración de principios básicos de nuestro ordenamiento jurídico como el de seguridad jurídica.

Un ejemplo de ello lo encontramos en algunas de las reformas que recientemente ha sufrido nuestro Código Penal, como la aprobada por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de diciembre, que regula por primera vez la responsabilidad penal de las personas jurídicas, con un  listado de las figuras delictivas susceptibles de ser cometidas por éstas, así como las circunstancias atenuantes y agravantes que podrían resultar de aplicación. Como es sabido, algunas de las cuestiones de dicha reforma fueron objeto de una regulación posterior, lo que corrobora la ligereza de nuestro legislador al legislar de esa forma.

Otra prueba del error de nuestro legislador de intentar aventajar o evitar situaciones nefastas a través de una legislación acelerada y primaria, es el reciente Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprobó el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, que vio la luz unos meses antes de la reforma del código penal sufrida ese mismo año y que hasta ahora no ha sido dotada de un necesario desarrollo normativo, lo que ha provocado que un sector de profesionales haya estado sumido en la más completa confusión e inseguridad frente a una serie de obligaciones que se les imponía, al no tener claro cómo afrontarlas debido a esa ausencia legislativa.

Asimismo, otro ejemplo lo encontramos en la futura Ley Orgánica de seguridad ciudadana, y aunque la misma viene motivada por diversos factores señalados en su preámbulo (el transcurso del tiempo, los cambios sociales operados en nuestro país, las nuevas formas de poner en riesgo la seguridad y tranquilidad ciudadana, así como el estar en sintonía con el Proyecto de reforma del código penal, etc.), hemos sido testigos de cómo ha sido modificada a raíz de los últimos acontecimientos, lo que ha provocado que haya recibido numerosas críticas desde todos los ámbitos, para acabar sufriendo de nuevo una modificación de su articulado a raíz de los informes del Consejo General del Poder Judicial así como de la Fiscalía General del Estado, que han considerado que algunos de sus preceptos pueden ser inconstitucionales. Al margen de esta posible inconstitucionalidad, podemos observar como nuevamente con esta costumbre de legislar a golpe de suceso nos encontramos con que esta futura ley vulnera el principio de proporcionalidad, el de non bis in idem, pues presenta una gran falta de concreción y precisión en algunos de sus aspectos que provoca una relativización de los principios de tipicidad y seguridad jurídica, siendo muy difícil en algunos casos la distinción entre la infracción administrativa y el delito. No hay más que ver que si se compara con el Proyecto de reforma del código penal, se puede observar como la misma es más restrictiva y exigente que el futuro código penal, contemplando para situaciones que actualmente tienen el carácter de falta y que en un futuro pasarán a constituir infracciones administrativas, una gravedad y una sanción muy desproporcionada con respecto a la figura delictiva. Dicha futura ley engloba dentro de su entramado un catálogo de infracciones y sanciones de la más variada índole, lo que hace entrever una denotada incongruencia jurídica, que conlleva una vulneración de los principios citados y, lo que es más importante, la vulneración de algunos derechos fundamentales.

Son muchas las leyes que han sido elaboradas y aprobadas “en caliente”,  de forma irreflexiva y  fruto de emociones y vaivenes políticos que desgraciadamente marcan nuestro ordenamiento jurídico, dando lugar con ello a situaciones de absoluta inseguridad jurídica e injusticia. Ello ha provocado una devaluación de la verdadera esencia que debe presidir nuestro ordenamiento jurídico y una sensación de impotencia y  malestar del ciudadano hacía la Justicia.

No queremos a través de estas líneas abogar por una tramitación lenta y dilatada en el tiempo de las reformas legislativas que resulten necesarias, pero sí insistir en que se lleven a cabo con sentido común y serenidad, con responsabilidad y compromiso, y que sean fruto de un conocimiento profundo de las necesidades  y los problemas de nuestra sociedad, para atajar éstas desde su raíz y tener un norte claro de hacía dónde se quiere ir y los medios que se deben poner para conseguir soluciones eficaces. Todo ello sin olvidar que debe respetarse, por encima de cualquier ideario político, los principios fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico.

Este método de legislar y gobernar a golpe de sucesos o emociones debe ser rechazado por completo. Debemos evitar la imagen que planea sobre nuestra ciudadanía de encontrarnos con regulaciones normativas que se hacen y deshacen a base de “caprichos legislativos” y que se alejan de lo que es un auténtico Estado de Derecho, serio y responsable.

 

 

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